El Gobierno de Estados Unidos ha hecho de la lucha anticorrupción una de sus grandes prioridades en los últimos años, una política reafirmada en la práctica mediante la revitalización y refuerzo de la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, en sus siglas inglesas). En el discurso pronunciado ante los presentes en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio en Doha en febrero de 2010, el presidente Barack Obama contrajo el compromiso de abanderar estos esfuerzos e hizo un llamamiento a la colaboración de todos los líderes mundiales.
La Administración estadounidense admite que la corrupción estrangula las oportunidades económicas y el desarrollo sostenible de los países emergentes. Esta idea puede no ser nueva, pero la disposición actual del Gobierno estadounidense —y su grado de compromiso— para promover la observancia de la ley sí lo es.
Pese a todo, muchas empresas con intereses comerciales en los mercados emergentes miran hacia otro lado ante los comportamientos sospechosos de infringir la FCPA, bien por defender sus intereses empresariales o simplemente para evitar abrir una caja de Pandora cuyas consecuencias directas pueden ser interrupción del negocio, sanciones y otras acciones legales emprendidas por el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ, por sus siglas inglesas). Justifican su actitud acogiéndose a la presión por ser competitivos, a las diferencias culturales y a las normas que rigen en los mercados extranjeros, armados además con un discurso respaldado en dictámenes jurídicos que convenientemente exculpan su conducta.
Práctica generalizada en muchos países
Excusa o no, lo cierto es que la corrupción es un fenómeno común en muchos países, en particular en aquellos cuyos gobiernos no sitúan al estado de derecho y a los principios democráticos entre sus mayores prioridades precisamente.
Alentadas por este hecho, algunas empresas fingen que ofrecer sobornos y coger atajos no es hacer trampas. Muchas de estas organizaciones se han aprovechado de la existencia de estos regímenes corruptos para generar pingües beneficios y para copar la cuota de mercado de otros competidores que no están dispuestos a saltarse la ley.
En pleno apogeo anticorrupción, las empresas que no tienen intención de transgredir la ley ni de convertirse en el objeto de una investigación ordenada por el DOJ se preguntan: ¿se puede hacer negocios y tener éxito en un mercado corrupto con empresas como la nuestra? No es fácil, pero tampoco imposible.
Durante la reciente cumbre mundial sobre ética empresarial celebrada en Nueva York con el nombre de Global Ethics Summit, Mark Mendelsohn, subdirector de la división penal de la sección contra el fraude del DOJ, señaló que las empresas tendrán que asumir su responsabilidad en 2010 por las prácticas corruptas ejercidas desde 2005 con la aplicación de los estándares éticos y de cumplimiento normativo que terminarán de implantarse en 2015.
En consecuencia, cualquier organización debe replantearse sus políticas de actuación en los mercados emergentes.
El DOJ ha expuesto con claridad la conveniencia de que las empresas conocedoras de prácticas corruptas en sus transacciones aporten voluntariamente ante el Departamento toda la información disponible antes de que se averigüe a través de un informador anónimo de la propia empresa, un competidor o un empleado descontento. Sin embargo, la autoinculpación deberá ir precedida de una investigación interna para determinar la gravedad de los problemas y los puntos débiles de su programa de cumplimiento normativo. De lo contrario, los ejecutivos pueden crear sin advertirlo una tesitura que termine fuera de control.
El caso Siemens
La situación que atravesó Siemens en 2008 es muy conocida, incluidas las multas de más de 1.500 millones de dólares que la empresa tuvo que pagar por infringir la FCPA, y como resultado de otro macrojuicio y de las sanciones impuestas. No obstante, no se pueden predecir sus efectos a más largo plazo, como la repercusión en la reputación corporativa, las acciones legales que quieran emprender otros países y la potencial pérdida de negocio que sufrirán las empresas a causa de una gestión dudosa en el pasado.
A pesar de estas incógnitas, Siemens no salió peor parada gracias a su modo de encarar el problema, a su voluntad y capacidad de colaboración con las autoridades y a su adecuada gestión de las relaciones con los distintos grupos de interés afectados por el escándalo.
Ningún país ni sector empresarial pueden esquematizarse a grandes rasgos. Sin embargo, para descubrir si las operaciones de una empresa han podido empañarse con prácticas corruptas, es recomendable que sus altos directivos y consejeros sepan identificar y anticipar las implicaciones de las señales de alarma que surgen al operar en los mercados donde el problema es común. Por ejemplo, si las ventas de una organización crecen como la espuma y el retorno de la inversión se multiplica mientras que sus competidores se marchan del país porque el gobierno está expropiando sus activos, alguien debería empezar a hacer preguntas.
¿Qué hacer en estos casos?
Una vez acabado el desagradable interrogatorio y detectados los focos del tumor, ¿qué se debe hacer? Ni las directrices para dictar sentencias publicadas por el DOJ ni las enmiendas previstas del Convenio de la OCDE sobre Lucha contra la Corrupción ofrecen unas pautas claras que seguir para evitar sanciones. Aun así, constituyen un buen punto de partida.
Algunas de las empresas sancionadas recientemente por incumplimiento de la FCPA ya contaban con sólidos programas de cumplimiento normativo antes de destaparse las prácticas corruptas. A pesar de ello, esos programas no fueron suficiente para eludir las multas ni para librar a sus principales ejecutivos de las acciones judiciales emprendidas por el DOJ. Para no compartir el mismo destino, algunas organizaciones recomiendan ahora realizar en cada acuerdo, transacción u oportunidad empresarial en mercados emergentes. No obstante, las prácticas corruptas suelen ser sofisticadas y difíciles de detectar.
¿Cuál es el grado de adecuado? Las entidades con mayor experiencia en mercados emergentes aconsejan un enfoque basado en el riesgo. En su opinión, antes de recurrir a una exhaustiva, se debe procurar conocer mejor cada mercado, cómo se configura la red de competidores y los rasgos de la cultura de acogida para poder identificar las diferentes áreas y niveles de riesgo. Los protagonistas del mayor desafío actual son las empresas conscientes de que operan en un entorno de alto riesgo.
¿Deben seguir con su actividad en esos mercados? ¿Deben marcharse del país y perder terreno frente a sus competidores? ¿Deben continuar con su negocio como si tal cosa con la esperanza de que el DOJ esté demasiado ocupado como para percatarse de su existencia? ¿O deben mantenerse firmes sin permitir que las prácticas corruptas que han dominado el mercado en el pasado desdibujen sus principios de ética empresarial? La respuesta parece obvia, pero las consecuencias de la decisión están más ocultas.
La realidad indica que, en algunos sectores, las mejores oportunidades surgen en los mercados más complejos y en los países de mayor riesgo. Para muchas multinacionales, no tener presencia en estos países no es una opción. Por lo tanto, los interesados quieren saber por dónde empezar para tener plena consciencia de los riesgos que se corren. El Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparency International constituye una excelente referencia. No es la única: existen también otros estudios —como el informe del Banco Mundial y su clasificación de los países en función de sus estándares de corrupción y burocracia— que pueden proporcionar a las empresas la información necesaria para comprender el entorno en el que comercian.
Ser ajenos a las implicaciones de hacer negocios en países emergentes repercute directamente en la función ética y de cumplimiento normativo de una empresa. En este sentido, viajar a estas regiones es vital para saber interpretar la cultura y cómo se desenvuelve el sector en ese mercado. Una empresa se encuentra en la mejor posición para defenderse de sobornos y corruptelas cuando ha aprendido a operar en el extranjero.
Asimismo, este conocimiento les facilita la capacidad de analizar tanto la información que recogen de su entorno inmediato como la de hacer llegar a las autoridades los informes detallados en caso de que sea necesario. Les permitirá también desarrollar un programa realista de cumplimiento normativo y más pegado a la realidad del terreno, además de que el tiempo que los ejecutivos responsables de su elaboración pasen en estos países puede servirles para granjearse alianzas empresariales en vez de enemigos. Y lo que es incluso más importante, ese grado de conocimiento es necesario para que una organización cumpla con la nueva normativa y pueda proteger su marca comercial y su reputación, y todo ello mientras hace negocios en muchos de estos mercados complejos y hostiles. Las empresas se enfrentan a distintas cuestiones de difícil respuesta cuando hacen negocios en China, Brasil, Rusia, Venezuela u otros mercados emergentes.
¿Deben denunciar ahora los sobornos que han pagado en otro tiempo? ¿Cuál es su situación si aún lo hacen o si han tomado parte en otras actividades irregulares? ¿Cómo actuar si se sabe que la competencia sí está inmersa en estas prácticas? ¿Qué sucede si son los proveedores o los agentes de terceras partes quienes pagan sobornos?.
El hecho es que las conductas cuestionables obligan a los directivos y consejeros de las empresas a tomar decisiones inequívocas sobre las medidas que deben adoptar. A partir de aquí, el asunto ya es una cuestión práctica y directa; en cualquier lugar del mundo, el soborno es eso: soborno. Los jueces en los países desarrollados no están embarcados en una cruzada ética para juzgar y bloquear las prácticas —y el éxito— de las economías emergentes.
Sin embargo, combatir el soborno y otras formas de corrupción han llegado a convertirse en la máxima prioridad del DOJ en su intento por transformar la cultura empresarial de Estados Unidos, sin dejar de lado un aspecto verdaderamente importante: el DOJ está dispuesto a llegar a cualquier lugar donde haya una empresa que saque provecho de la relación con funcionarios extranjeros corruptos. Un representante del DOJ explicaba recientemente que este departamento tiene voluntad de buscar cualquier posibilidad jurisdiccional y de procesar a cualquier empresa acusada de corrupción con la mínima vinculación con Estados Unidos.
En resumen, he aquí lo mejor que puede hacer una empresa: hacer públicas sus prácticas antes de que sea otro quien desvele sus secretos; saber al detalle todo lo referente a lo que la empresa comunica; cooperar con los equipos locales para garantizar que no hay ninguna posibilidad de que tales conductas continúan o se repiten; afrontar las consecuencias; y avanzar y no dejar pasar ninguna nueva oportunidad de prosperar en mercados corruptos.
Información elaborada por la consultora Kroll
Fuente: Terra